Un análisis de datos, elaborado por La Data Cuenta, con casos de femicidios entre 2016 y 2022, lo evidencia. Al menos en una cuarta parte de los 90 femicidios de mujeres madres ocurridos en Costa Rica en esos años, la víctima había sido embarazada en la adolescencia.
Las relaciones sexuales con personas menores de edad son violencia, son un delito. El reciente y lamentable caso de una niña madre de 13 años, a quien le secuestraron a su bebé de 9 meses ha conmocionado y puesto en evidencia, una vez más, las consecuencias nefastas de estas conductas. La Data Cuenta analizó datos del registro de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos para indagar en la magnitud de este problema en el país. Los resultados son abrumadores y alarmantes.
¿Cómo consiguió la doctora Ana María Durán llegar a ser reconocida en un mundo donde las mujeres en Ciencia son escasas?, donde menos de una tercera parte de los países han conseguido la paridad de género necesaria para que las mujeres se desempeñen como investigadoras. Su camino no estuvo exento de situaciones negativas, obstáculos y discriminación, pero con grandes dosis de perseverancia, disciplina y convicción cumplió su sueño.
Si en lugar de fútbol, Catar 2022 se tratase de una copa global de desarrollo humano para las mujeres, los seis países que representan a Latinoamérica no tendrían ninguna posibilidad de llegar a la final porque, comparados con sus rivales, les falta mucho camino para mejorar las condiciones de vida de ellas.
Cuando una mujer comete un delito en Costa Rica no necesariamente implica que, como castigo, la Justicia la envíe a la cárcel. Dependiendo del tipo de infracción y de las circunstancias que la llevaron a delinquir, las y los jueces podrían darle el beneficio de una pena alternativa para que la cumpla desde su casa, un hospital -en caso de enfermedad- o acudiendo a un centro de enseñanza. Este tipo de opciones para impartir justicia -contempladas en el nivel comunidad del sistema penitenciario- han ganado terreno desde inicios de siglo.
En la actualidad, en Costa Rica las y los jueces son menos proclives a dictar, como primera opción, el castigo de prisión a las mujeres infractoras de la ley. En su lugar, tienden a darles la posibilidad de pagar su condena mediante penas alternativas que les permiten aprender un oficio, educarse y estar cerca de su familia.
