Investigación, análisis y visualización de datos
31 de enero de 2023
Este reportaje es un proyecto de La Data Cuenta financiado gracias a una beca del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centre for Investigative Journalism (CIJ). Se realiza en colaboración con Ojo al Clima
En las últimas dos décadas, el financiamiento climático que requieren los países en desarrollo para reducir sus emisiones y adaptarse al calentamiento global ha llegado a cuentagotas.
Sin dinero suficiente y desembolsado a destiempo se corre el riesgo de incumplir con la meta de cero neto para el 2050, una ambiciosa acción para reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) –derivadas de las actividades humanas– con el fin de que los océanos y bosques puedan capturar y fijar las emisiones residuales y estabilizar el clima.
Pero, si el cero neto no ocurre, la temperatura media seguirá incrementándose y rebasará el límite de 1,5 °C mencionado por los científicos como condición para que el planeta siga siendo habitable al finalizar este siglo.
Esta carrera contra el tiempo, y en pos de la supervivencia, ha puesto mucha más presión para que los países desarrollados -los mayores responsables de las emisiones globales- apuren los mecanismos de entrega de recursos financieros a los países en desarrollo y mercados emergentes (menos China) y los incrementen a US$1 billón anual hasta el 2030. Por su parte, los países en desarrollo deberán aportar otra cantidad similar desde sus finanzas nacionales para hacerle frente al desafío que les plantea el cambio climático.
Esta urgente y ambiciosa meta está sobre la mesa porque, entre 2003 y 2022, los fondos financieros multilaterales -creados al amparo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC)- han desembolsado apenas US$11.000 millones, un monto 91 veces inferior al que se necesita actualmente, según estimaciones hechas por La Data Cuenta.
Este reportaje aborda el tema del financiamiento público externo a la luz de informes financieros y científicos, así como del análisis de los datos provenientes de 22 fondos mundiales para el cambio climático.
De mantenerse los compromisos actuales de reducción de emisiones, presentados por los países ante el Acuerdo de París, la temperatura media del planeta podría llegar a los 2,6°C de calentamiento a finales de siglo, esto con respecto a los niveles pre-industriales y según se constata en el Informe sobre la brecha de emisiones 2022 elaborado por el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA).
Pero, si los países no cumplen con los compromisos adquiridos y la trayectoria actual de emisiones se mantiene, esa temperatura podría alcanzar los 2,8 °C por encima del promedio.
Actualmente, el incremento de la temperatura media de la Tierra yace en 1,2 °C y esto fue suficiente para experimentar, en el 2022, sequías y olas de calor por encima de los 40 °C en India, Pakistán, Europa, Norteamérica, Argentina y Paraguay así como devastadoras inundaciones y deslizamientos en Centroamérica, Asia y África, además de tormentas de nieve que pusieron en jaque el suministro eléctrico en Estados Unidos y Canadá.
De allí que los científicos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) insistan en que, para aspirar a vivir en un planeta habitable, los esfuerzos deben alinearse para limitar el calentamiento a 1,5°C y, por tanto, las emisiones deberán alcanzar su punto máximo en 2025 para luego bajar.
Para ello, se requiere reducir las emisiones en un 45% al año 2030, esto con respecto a los niveles actuales de liberación de GEI. La temperatura global se empezará a estabilizar cuando esas emisiones lleguen a cero neto, lo cual deberá ocurrir en el 2050 y esto con miras a estabilizar el clima en el 2100.
La meta de disminuir drásticamente las emisiones demandará una profunda transformación social, política y económica; ya que se debe transicionar hacia sociedades más descarbonizadas y esa transformación implica mucho dinero.
Según un estudio del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente del Reino Unido, de aquí al 2030, se requiere movilizar US$1 billón anuales de financiación externa para ayudar a los mercados emergentes y a los países en desarrollo (distintos de China) en su acción climática.
Esos fondos, según los autores, permitirán transformar las economías, específicamente en lo que se refiere a sistemas energéticos, adaptación y resiliencia para poder responder a la creciente vulnerabilidad, así como restaurar los daños sufridos en el capital natural y la biodiversidad.
Lograr esta transformación no será fácil. Requiere fuertes inversiones e innovación, así como una financiación a la escala adecuada, del tipo adecuado y en el momento oportuno
En este sentido, los mercados emergentes y los países en desarrollo (distintos de China) necesitarán invertir alrededor de US$1 billón al año para 2025 (4,1% del PIB frente al 2,2% en 2019) y alrededor de US$2,4 billones al año para 2030 (6,5% del PIB). Esto contabilizando tanto la ayuda externa como los recursos provistos por los propios países desde sus finanzas nacionales.
“Esa inversión no solo cumplirá el Acuerdo de París, sino que también impulsará esta nueva forma de crecimiento y avanzará hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, escribieron los autores en un artículo de divulgación.
La mitad de esos US$2,4 billones anuales -es decir, US$1 billón- debería provenir de fuentes de financiación externa, ya sea mediante mecanismos multilaterales (fondos de Naciones Unidas o bancos) o bilaterales (agencias de cooperación de países desarrollados).
La otra parte deberá ser aportada por los propios países en desarrollo mediante el fortalecimiento de sus finanzas públicas. Al 2019, las inversiones de estos países fueron del orden de US$500.000 millones anuales.
Durante la COP27, en Egipto, activistas de distintas partes del mundo protestaron contra los combustibles fósiles -exigiendo su fin- y demandando financiamiento climático por pérdidas y daños. (Crédito de las fotos: Organización de las Naciones Unidas )
Descarbonizar sus economías hacia la segunda mitad de este siglo es un pacto suscrito por 196 países en el Acuerdo de París (2015). Para cumplirlo, cada nación se comprometió a metas acordes a sus realidades, las cuales se conocen como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, según sus siglas en inglés). Su ejecución también depende, en no pocos casos, del financiamiento.
Existen NDC incondicionales y condicionales, la diferencia yace en la necesidad de ayuda financiera externa. Si las acciones requieren financiamiento multilateral o bilateral, entonces son NDC condicionales.
Por ejemplo, en el caso de las NDC relacionadas con la adaptación, las de casi una décima parte de los países del mundo (11) son condicionales, dependen totalmente del apoyo financiero externo para cumplirlas. Otra tercera parte de las naciones (66) necesita parcialmente de este soporte económico.
En el caso de las NDC vinculadas a la mitigación, casi la mitad son parcialmente condicionales (91 países) y las de 17 países demandan financiamiento total, tal y como se desprende de un análisis elaborado a partir de datos del Instituto Alemán para el Desarrollo.
Según el Informe sobre la brecha de emisiones 2022, las NDC incondicionales y condicionales reducirán las emisiones en un 5% y un 10%, respectivamente, al 2030. Mientras las NDC incondicionales tienen un 66% de posibilidades de limitar el calentamiento a 2,6 °C a lo largo del siglo, las NDC condicionales lo limitarían a 2,4°C.
La plena aplicación de las NDC incondicionales y los compromisos adicionales de emisiones netas cero apuntan a un aumento de sólo 1,8 °C, por lo que hay esperanza. Sin embargo, este escenario no es creíble en la actualidad debido a la discrepancia entre las emisiones actuales, los objetivos a corto plazo de las NDC y los objetivos a largo plazo de emisiones netas cero
En este sentido, y con el fin de acelerar la reducción de emisiones en pro de economías bajas en emisiones, PNUMA aduce que se debe incrementar el financiamiento climático y esto incluye quintuplicar el dinero destinado a adaptación.
Los números anteriores sólo revelan la necesidad de más financiamiento en mitigación o reducción de emisiones. El dinero destinado a fondear las acciones de adaptación -aquellas que permitirán a los territorios lidiar con los impactos del cambio climático- están todavía muy por debajo de lo requerido.
De acuerdo con el Informe sobre la brecha en la adaptación 2022, también elaborado por PNUMA, a nivel global se necesitarán entre US$160.000 y US$340.000 millones anuales a 2030 y entre US$315.000 y US$565.000 millones anuales a 2050.
Para poner en contexto esa necesidad: en 2020, los flujos internacionales de financiación dirigidos a la adaptación alcanzaron los US$29.000 millones, según lo reportado por los países donantes. Eso representó un aumento del 4% con respecto a 2019, lo que representa el 34% de la financiación climática total.
Aún así, ese monto es insuficiente. El requerimiento de fondos para adaptación es entre cinco y diez veces lo contabilizado en 2020. Y, según este informe de PNUMA, las necesidades de adaptación en países en desarrollo se dispararán hasta los US$340.000 millones anuales en 2030.
Lo anterior viene con el agravante de que, según el IPCC, los riesgos climáticos se intensificarán con cada décima de grado y los impactos serán cada vez más complejos y se experimentarán en cascada (uno detrás del otro), acentuados por la desigualdad, que a su vez deriva en más vulnerabilidad.
En 2009, los países desarrollados se comprometieron a movilizar conjuntamente US$100.000 millones por año hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo. Este dinero se canaliza mediante el Fondo Verde del Clima (creado en 2010).
Sin embargo, ese dinero prometido no se ha recaudado con la celeridad necesaria y todavía está muy por debajo del monto propuesto. En el texto de decisión final de la COP27, los países expresaron “su grave preocupación por el hecho de que todavía no se ha cumplido el objetivo de las Partes que son países desarrollados de movilizar conjuntamente US$100.000 millones por año para 2020 en el contexto de una acción de mitigación significativa y la transparencia en la implementación, e insta a las Partes que son países desarrollados a alcanzar la meta”.
El plazo para conseguirlo se extendió a 2025 y, en el intermedio, los países deberán definir una nueva meta de financiamiento. Esta conversación no está exenta de desafíos, viene atizada por una merma en la confianza por parte de los países en desarrollo, los cuales argumentan que han sido los que menos han contribuido al problema y, sin embargo, son los que sufren sus devastadoras consecuencias.
En este sentido, la discusión sobre financiamiento climático no se reduce a acordar una nueva cifra. Para los países en desarrollo, el monto deberá ser definido a partir de las necesidades existentes y no basado en lo que las naciones desarrolladas quieran aportar.
El otro tema para discutir es el mecanismo por el cual se canaliza esa ayuda. En su intervención en la COP27, la Primera Ministra de Barbados -Mia Mottley- abogó por que el financiamiento climático no se limite a préstamos que terminan endeudando cada vez más a los países en desarrollo, a los que se les diluyen los recursos pagando intereses en vez de invertir más en la transición.
A esto se suma la necesidad de incrementar el financiamiento para la adaptación y aclarar cómo funcionará el nuevo Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP27.
Por su parte, los países desarrollados no quieren ser los únicos que aporten; abogan porque China y otros grandes emisores también contribuyan económicamente.
Lo cierto es que, aunque con diferentes matices, la conversación sobre financiamiento climático no solo es necesaria, sino que urgente. Y esto no solo se hace manifiesto en los discursos y espacios de negociación, los números son claros: el dinero no es suficiente para financiar la transformación que se requiere para reducir las emisiones y, con ello, asegurar la vida tal cual la conocemos.
Este reportaje es un proyecto de La Data Cuenta financiado gracias a una beca del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y el Centre for Investigative Journalism (CIJ). Se realiza en colaboración con Ojo al Clima
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