En las últimas dos décadas, Costa Rica ha experimentado un aumento significativo en el número de mujeres en el sistema penitenciario, pasando de 58 por cada 100,000 habitantes femeninas en 2002 a 112 en 2022. Este aumento se ha abordado mediante reformas legales y un enfoque en la perspectiva de género para comprender las causas detrás de la delincuencia femenina.
Cuando una mujer comete un delito en Costa Rica no necesariamente implica que, como castigo, la Justicia la envíe a la cárcel. Dependiendo del tipo de infracción y de las circunstancias que la llevaron a delinquir, las y los jueces podrían darle el beneficio de una pena alternativa para que la cumpla desde su casa, un hospital -en caso de enfermedad- o acudiendo a un centro de enseñanza. Este tipo de opciones para impartir justicia -contempladas en el nivel comunidad del sistema penitenciario- han ganado terreno desde inicios de siglo.
En la actualidad, en Costa Rica las y los jueces son menos proclives a dictar, como primera opción, el castigo de prisión a las mujeres infractoras de la ley. En su lugar, tienden a darles la posibilidad de pagar su condena mediante penas alternativas que les permiten aprender un oficio, educarse y estar cerca de su familia.
