Hace dos décadas, 42 de cada 100 que delinquían estaban a prisión, hoy solamente 18

Pena de cárcel para mujeres es menos frecuente hoy en Costa Rica

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El Sistema Penitenciario remite más a menudo a medidas alternativas que le permiten a las mujeres aprender un oficio, capacitarse y estar cerca de su familia.  Reformas de ley e inclusión de perspectiva de género incidieron en la baja.

Periodista: María Laura Molina

Edición, análisis y visualización de datos: Hassel Fallas

Diseño e ilustraciones: Olga Cajina

Redes sociales: Mariana Cajina

Publicado: 03 de noviembre de 2022

Del castigo al atenuante

Aquél día de 2012, cuando finalmente decidió que sí llevaría escondida la droga a la cárcel, la protagonista de esta historia quizás no imaginó que terminaría recibiendo una condena de ocho años de prisión en el Tribunal Penal de Liberia, Guanacaste. Tenía 38 años, un niño pequeño al cual mantener y estaba desempleada desde hacía varios meses porque ya no hallaba trabajo cocinando ni en las fincas. No podía aspirar a más porque nunca concluyó la primaria. 

El dinero que le ofrecieron por llevar unos gramos de marihuana y crack a un hombre en prisión, la tentaron en su pobreza  e inclinaron la balanza a favor de cometer un delito por primera vez en su vida. Entonces, ya no hubo marcha atrás: ocultó el preservativo con la droga dentro de su cuerpo y entró al centro penal a cumplir con el encargo. 

En aquél momento, ninguna de las razones que llevaron a esta mujer a delinquir pesó para que la jueza atenuara su condena. 

Sin embargo, en 2013, la aprobación de una reforma a la ley sobre estupefacientes – que considera la perspectiva de género- permitió que su caso se revisara dos años más tarde. Esta vez todos estos factores que la hicieron vulnerable a delinquir sí se consideraron y se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, tal y como consta en una revisión hecha a la sentencia emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El cambio introducido a la Ley sobre Estupefacientes en el 2013 y una modificación al Código Penal, realizada en el 2018, son dos de las razones que – en criterio de varias expertas entrevistadas por La Data Cuenta– explican por qué hoy en Costa Rica las y los jueces son menos proclives a dictar, como primera opción, el castigo de prisión a las mujeres infractoras de la ley. En su lugar, tienden a darles la posibilidad de pagar su condena mediante penas alternativas que les permiten aprender un oficio, educarse y estar cerca de su familia.

Cambio de dirección

Estadísticamente, este viraje en la aplicación de la Justicia se refleja, principalmente, al comparar dos tipos de datos: Los de mujeres enviadas a una cárcel (nivel institucional)  y los de aquellas con el beneficio de libertad condicional (nivel comunidad).

Mientras hace dos décadas, por cada 100 mujeres que delinquían, 42 iban a alguna prisión (nivel institucional), el dato bajó a 18 en junio de este año.  Su declive comenzó a acelerarse, justamente, a partir de 2013, en coincidencia con la reforma a la Ley sobre Estupefacientes. 

En contraste y para el mismo periodo, las mujeres que recibieron el beneficio de la libertad condicional (nivel comunidad) pasaron de 40 a 58, según un análisis de La Data Cuenta con información de los anuarios estadísticos sobre el tema, publicados por el INEC y datos enviados por el Ministerio de Justicia y Paz. El gráfico adjunto permite ver este fenómeno con mayor facilidad.

Además de los niveles de atención Institucional y Comunidad, las mujeres pueden ser remitidas a los de vigilancia electrónica (tobilleras), semi institucional y penal juvenil. Los datos de seguido reflejan que ocurrió en estos otros tres niveles entre 20003 y junio de 2022.

En términos absolutos, a junio del 2022 había 2809 mujeres en el sistema penitenciario. Todas ellas distribuidas en cinco niveles de atención que se detallan de seguido:

1666
Nivel comunidad
517
Nivel comunidad
380
Semi institucional
270
Monitoreo electrónico
40
Penal juvenil

Efecto pandemia también influyó

Otra de las razones que, sumada a las modificaciones a la Ley de Estupefacientes y al Código Penal, habría influido en la disminución de mujeres en prisión – particularmente en los años 2020 y 2021- es la serie de medidas adoptadas por la Dirección General de Adaptación Social para mitigar los contagios por Covid-19 en los centros penitenciarios, explicó Wendy Garita del Departamento de  Condición Jurídica del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 

Por ejemplo,  los jueces tuvieron más en cuenta los factores de riesgo de la salud de las infractoras y si contaban con un buen perfil de conducta para optar por medidas distintas a la privación de libertad. Asimismo se prohibieron las visitas a las prisiones, lo que habría reducido la probabilidad de que ellas introdujeran drogas allí.  Este delito es la causa primordial por la cual las mujeres son condenadas a prisión. Antes de la pandemia, cuatro de cada 100 iba a prisión por ello (2019), posteriormente bajó a tres.

Tanto la circunstancia especial de la Covid-19 como la introducción de nuevas medidas que consideran la perspectiva de género- necesidades especiales y factores que hacen más vulnerables a las mujeres de cometer un delito- han permitido que por cada 100 en el sistema penitenciario, hoy haya 24 menos yendo a prisión y 18 más en libertad condicional en comparación con inicios del siglo. Esta tendencia también se observa al examinar los datos de los hombres, pero en una menor proporción, tal y como evidencia el gráfico a continuación:

¿Por qué las dos reformas benefician a las mujeres?

Ley sobre estupefacientes, 2013:

Su reforma al artículo 77 bis bajó la pena de introducir drogas a centros penitenciarios de 8 a 20 años a un lapso de 3 a 8 años. Se considera si la mujer es pobre, jefa de hogar, con personas a cargo o adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad. De acreditarse alguna o varias de estas condiciones, el juez o jueza puede dictar menos años de prisión o cualquier medida alternativa.

Modificación al Código Penal, 2018:

Esta reforma - artículos 71 y 72- permitió que las y los jueces reduzcan la pena a mujeres que delinquieron cuando no tengan antecedentes penales y se pruebe una condición de vulnerabilidad cuando cometió el delito. Según el Instituto Nacional de las Mujeres(Inamu) están en situación de vulnerabilidad aquellas mujeres que tienen bajo su responsabilidad directa a personas con enfermedades, menores de edad, adultas mayores, de manera que su detención generaría un impacto personal en ellas, sus dependientes y a la sociedad.

Para Selene Pineda, investigadora y coordinadora de proyectos del Instituto Latinoamerica de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, los cambios en la legislación y las disposiciones para combatir los efectos de la pandemia han ayudado a aminorar el hacinamiento en las cárceles de mujeres, pero sobre todo han dado la posibilidad a otras de acceder a penas alternativas cuando lo permitan las circunstancias que rodearon al delito cometido. Penas que ayudan a disminuir el estigma de estar en la cárcel, no las alejan de sus hijos, no limitan su derecho a educarse y trabajar y, en consecuencia, a seguir siendo el sustento de sus familias en no pocos casos.  Sin embargo, pese a todos estos beneficios, la especialista de la ONU advierte que estos cambios no atacan el problema de raíz.

“Estas medidas, y lo evidencian los gráficos, no han incidido en la reducción de la participación de mujeres en delitos, que más bien va al alza, porque no tienen la capacidad de impactar en las problemáticas sociales que las originan (desigualdad).”

Selene Pineda, investigadora y coordinadora de proyectos del Instituto Latinoamerica de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

Menos en prisión, pero más cometen delitos contra la vida y la propiedad

El hecho de que en la actualidad menos mujeres reciban prisión por castigo no significa que la cifra de las que delinquen se haya reducido, tal y como reveló el primero de los reportajes de esta serie. Por el contrario, la tasa de mujeres dentro del sistema penitenciario se duplicó en las últimas dos décadas. A inicios de siglo, había 58 mujeres en esta condición por cada 100 mil habitantes femeninas, esa tasa se elevó a 112 hasta mediados de este año, según el análisis de datos elaborado por La Data Cuenta.

Para la investigadora del Ilanud, Selene Pineda, una mayor cantidad de mujeres cometiendo delitos no es ajena al acelerado crecimiento de la desigualdad regional y la pobreza,  de la cual Costa Rica no escapa. También influyen las altas tasas de desempleo que impactan más a las mujeres, la violencia y la discriminación de género. 

Esos factores también podrían estar incidiendo en una recomposición de los delitos más comunes que cometen las mujeres en Costa Rica, al menos en la última década (para la que hay datos disponibles). Mientras han bajado los casos de infracciones a la ley de estupefacientes,  han repuntado aquellos contra la propiedad (asaltos, robos, hurtos), contra la vida y los sexuales. El siguiente gráfico permite observar mejor ese cambio.

El reajuste en los tipos de delitos que de manera más recurrente conducen a las mujeres al sistema penal tendría explicación, una vez más, en la reforma a la Ley de psicotrópicos, que atenúa las condenas si se demuestran circunstancias de vulnerabilidad a este delito. También por la supresión de visitas a centros penales durante la pandemia de Covid- 19.

Sin embargo, para explicar el alza delitos contra la vida y la propiedad, tanto Selene Pineda del Ilanud como Wendy Garita del Instituto de la Mujer, consideran la hipótesis de que, en los últimos años, habría incrementado la presencia de mujeres en bandas del crímen organizado, incluso en posiciones de liderazgo. Pero advierten que todavía faltan análisis y datos que lo prueben contundentemente. 

“Las condiciones de género también inciden en la construcción de las las estructuras criminales, la marginación, la exclusión, la violencia y la discriminación que vive la mujer también se reflejan allí. Asimismo, de forma progresiva, las mujeres podrían estar teniendo una mayor participación en estos grupos, lo que podría reflejarse en los números”, explica la especialista del Ilanud.

Pineda sostiene que por eso urge que la política criminal dialogue con la política social, para encontrar soluciones de fondo que, de raíz resuelvan los problemas de desigualdad y de brechas de género que influyen, sustancialmente, para que las mujeres transgredan la ley. Es un asunto de prevención antes que contención y gestión reactiva del crimen. El proceso también implica cambios culturales para asegurar que la justicia reduzca su efecto punitivo y más bien, asegure el pleno cumplimiento de los derechos humanos.

Lo que queremos es construir una sociedad donde los procesos de reparación se puedan implementar, donde las víctimas tengan voz más allá de una participación probatoria de los hechos, donde se pueda consultar a las víctimas qué es lo que requieren, porque en muchos casos lo que necesitan es el reconocimiento de la verdad y la no repetición de las conductas. Todavía queda un largo camino para instaurarlo en nuestros sistemas de justicia”

Selene Pineda, investigadora y coordinadora de proyectos del Instituto Latinoamerica de la ONU para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente

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