Aquél día de 2012, cuando finalmente decidió que sí llevaría escondida la droga a la cárcel, la protagonista de esta historia quizás no imaginó que terminaría recibiendo una condena de ocho años de prisión en el Tribunal Penal de Liberia, Guanacaste. Tenía 38 años, un niño pequeño al cual mantener y estaba desempleada desde hacía varios meses porque ya no hallaba trabajo cocinando ni en las fincas. No podía aspirar a más porque nunca concluyó la primaria. 

El dinero que le ofrecieron por llevar unos gramos de marihuana y crack a un hombre en prisión, la tentaron en su pobreza  e inclinaron la balanza a favor de cometer un delito por primera vez en su vida. Entonces, ya no hubo marcha atrás: ocultó el preservativo con la droga dentro de su cuerpo y entró al centro penal a cumplir con el encargo. 

En aquél momento, ninguna de las razones que llevaron a esta mujer a delinquir pesó para que la jueza atenuara su condena. 

Sin embargo, en 2013, la aprobación de una reforma a la ley sobre estupefacientes – que considera la perspectiva de género- permitió que su caso se revisara dos años más tarde. Esta vez todos estos factores que la hicieron vulnerable a delinquir sí se consideraron y se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, tal y como consta en una revisión hecha a la sentencia emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El cambio introducido a la Ley sobre Estupefacientes en el 2013 y una modificación al Código Penal, realizada en el 2018, son dos de las razones que – en criterio de varias expertas entrevistadas por La Data Cuenta– explican por qué hoy en Costa Rica las y los jueces son menos proclives a dictar, como primera opción, el castigo de prisión a las mujeres infractoras de la ley. En su lugar, tienden a darles la posibilidad de pagar su condena mediante penas alternativas que les permiten aprender un oficio, educarse y estar cerca de su familia.