El reajuste en los tipos de delitos que de manera más recurrente conducen a las mujeres al sistema penal tendría explicación, una vez más, en la reforma a la Ley de psicotrópicos, que atenúa las condenas si se demuestran circunstancias de vulnerabilidad a este delito. También por la supresión de visitas a centros penales durante la pandemia de Covid- 19.
Sin embargo, para explicar el alza delitos contra la vida y la propiedad, tanto Selene Pineda del Ilanud como Wendy Garita del Instituto de la Mujer, consideran la hipótesis de que, en los últimos años, habría incrementado la presencia de mujeres en bandas del crímen organizado, incluso en posiciones de liderazgo. Pero advierten que todavía faltan análisis y datos que lo prueben contundentemente.
“Las condiciones de género también inciden en la construcción de las las estructuras criminales, la marginación, la exclusión, la violencia y la discriminación que vive la mujer también se reflejan allí. Asimismo, de forma progresiva, las mujeres podrían estar teniendo una mayor participación en estos grupos, lo que podría reflejarse en los números”, explica la especialista del Ilanud.
Pineda sostiene que por eso urge que la política criminal dialogue con la política social, para encontrar soluciones de fondo que, de raíz resuelvan los problemas de desigualdad y de brechas de género que influyen, sustancialmente, para que las mujeres transgredan la ley. Es un asunto de prevención antes que contención y gestión reactiva del crimen. El proceso también implica cambios culturales para asegurar que la justicia reduzca su efecto punitivo y más bien, asegure el pleno cumplimiento de los derechos humanos.