Proyectos de energía y transporte, el dilema de la deuda climática en Latinoamérica

Dos de cada cinco dólares de préstamos con organismos internacionales se han invertido en esos rubros en lo que va del siglo, según una investigación de La Data Cuenta

Especialistas cuestionan que “no pocas de estas iniciativas” son falsas soluciones al calentamiento global

Por: Hassel Fallas

Investigación, análisis y visualización de datos

04 de octubre de 2023

Latinoamérica ha buscado en las últimas dos décadas la manera de financiar proyectos de energía y transporte que prometan un futuro más sostenible para sus habitantes. Sin embargo, detrás de las altas cifras en inversiones adeudadas hasta la fecha, se esconden dudas sobre la sostenibilidad y la verdadera contribución al cambio climático de estos planes.

Millonaria deuda climática

En dos décadas, América Latina ha solicitado empréstitos por más de US$71 mil millones con distintos acreedores financieros multilaterales. El 40% de esta deuda climática se ha destinado a programas de energía y transporte. Un total de casi US$28 mil millones han sido invertidos en 369 proyectos desde inicios de este siglo.

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Las iniciativas de energía se han centrado principalmente en fuentes renovables y en la definición de políticas energéticas, lo que ha conllevado costosos gastos administrativos. Por otro lado, en el ámbito del transporte, la mayor porción de los fondos adeudados se ha destinado a la gestión administrativa, incluyendo consultorías, servicios técnicos y salarios para estudios que mayormente se han enfocado en evaluar mejoras en el transporte público de personas.

Estos gastos administrativos adquieren un peso significativo al considerar que la mitad de los créditos otorgados son no concesionales. Lo que significa que no ofrecen condiciones favorables ni tasas de interés reducidas para los países solicitantes, y en última instancia, son financiados mediante los impuestos de la ciudadanía.

En cuanto a los países que tienen los montos más altos de créditos, en energía lideran la lista: México, Brasil, Ecuador, Colombia y Costa Rica. En transporte, encabezan Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina.

Las conclusiones presentadas en esta investigación proceden de un análisis elaborado por La Data Cuenta a bases de datos de la OCDE sobre el financiamiento del desarrollo vinculado con el clima, entre los años 2000 y 2020.

Con la etiqueta de “energías renovables”

Dentro del campo de la energía, los proyectos catalogados como renovables acapararon casi la mitad de los US$17 mil millones de la deuda del rubro; representando alrededor de US$8 mil millones. De cerca, los gastos de administración significaron casi US$5 mil millones, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de la inversión.

Un dato relevante es el crecimiento exponencial del nivel de endeudamiento para energía, que pasó de US$17 millones en 2000 a US$2.361 millones en 2020. Este aumento alerta sobre la capacidad de los países latinoamericanos para asumir esta creciente deuda.

Dentro de estos números, destacan algunos proyectos renovables financiados con deuda. El más cuantioso de ellos está en Bolivia, donde se construye la planta geotérmica de Laguna Colorada, con un empréstito aprobado en 2014 por más de US$584 millones. La planta aprovechará fuentes geotérmicas a una altitud superior a los 4.800 metros sobre el nivel del mar y tendría 100 MW de potencia.

En Brasil, también destacan dos planes para impulsar la generación de energía renovable que fueron financiados por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo alemán (KfW) con US$464 millones y US$313 millones, respectivamente.

En cuanto a Transporte, la línea cinco del metro de Sao Paulo, Brasil, es el más grande con un financiamiento de US$483 millones. El segundo más alto es la readecuación y electrificación del Ferrocarril General San Martín de Buenos Aires, Argentina, con un préstamo de US$410 millones. 

Sostenibilidad en cuestión

Ante la magnitud de estas cifras, es inevitable preguntar si esta forma de financiar iniciativas de energía y transporte es sostenible.

Estefanía Jiménez, consultora y especialista en cambio climático y financiamiento, considera que no todos los proyectos de energía van a estar alineados con temas climáticos, salvaguardas medioambientales o sociales. Además, destaca la importancia de conocer el contexto de cada país y las implicaciones de las decisiones energéticas que se toman.

“Por ejemplo, si un país está tratando de pasar de energías fósiles a renovables: ¿Cuál es la energía renovable que más le conviene? Si opta por el gas natural, ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión? Siendo que se ha demostrado que la energía hidroeléctrica, la eólica, la solar son más eficientes. Igualmente podría pasar con mala adaptación de infraestructura, donde los estudios no están bien realizados y se termina con una construcción deficiente, que, al fin de cuentas va a ser un gasto y no un alivio para una comunidad que necesita adaptarse”, dice Jiménez.

La especialista resalta que los organismos internacionales suelen ser estrictos en sus criterios para seleccionar propuestas que buscan financiamiento en energía y transporte, pero también hace hincapié en la necesidad de un sistema de gobernanza sólido en cada país, con instituciones fuertes y claridad en los compromisos climáticos.

A medida que los desastres relacionados con el cambio climático han incrementado su frecuencia e impacto, América Latina también ha venido aumentando una cuantiosa deuda para financiar proyectos que, primordialmente, mitiguen las consecuencias del calentamiento global en las áreas de energía y el transporte.

Por su parte, Leandro Gómez, Coordinador del Programa Inversiones y Derechos del Área de Política Ambiental de FARN, Argentina, enfatiza que los financistas internacionales del cambio climático suelen priorizar la inversión privada sobre la pública, lo que explica la predominancia de proyectos de mitigación en lugar de adaptación.

Bajo ese argumento, Gómez enfatiza que algunos de los planteamientos en Energía y Transporte se pueden considerar «falsas soluciones». Es decir, iniciativas que se presentan como salidas al cambio climático, pero no tienen un impacto significativo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Es innegable que muchos de estos proyectos son catalogados por los actores financieros como acciones climáticas y eso permite justificarlos como financiamiento climático. En realidad, son financiamientos de muy distintos espectros, un abanico amplio donde no todos son acciones climáticas sino, más bien, buscan réditos económicos”, destaca Gómez.

Lo cierto del caso es que, mientras estos dilemas persistan sobre las iniciativas de Energía y Transporte, Latinoamérica seguirá pagando altos intereses para financiar la crisis climática. Con el consecuente impacto que esto también tiene en las finanzas de cada Estado en campos vitales como educación, salud y seguridad.

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