Durante la COP hubo una manifestación por los derechos de los pueblos indígenas — Foto: Juan Mayorga

El mundo acuerda nuevos objetivos de conservación de biodiversidad con huella latinoamericana

El mundo acuerda nuevos objetivos de conservación de biodiversidad con huella latinoamericana

  • Una propuesta impulsada por Colombia, México, Costa Rica, Perú y Chile definió el mecanismo de financiamiento plasmado en el documento.
  • Representantes indígenas de América Latina participaron en la adopción de metas de protección de derechos indígenas.

Reportaje: Por Juan Mayorga / @JuanPMayorg

23 de diciembre de 2022

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que La Data Cuenta forma parte , y producido como parte de la Beca 2022 CBD COP15, organizada por la Earth Journalism Network de Internews.

Montreal, Canadá — América Latina y el Caribe hizo valer su peso específico en las negociaciones que culminaron esta semana, en Montreal (Canadá), con la aprobación del nuevo marco mundial para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad. Con ello, los representantes de la región lograron incorporar sus agendas en este pacto global y cuidar sus intereses, pero también se obligaron a cumplir con objetivos y metas más estrictos.

El Marco Mundial Kunming-Montreal para la Biodiversidad fue acordado al final de la 15° Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de Diversidad Biológica (CBD), en una sesión plenaria que inició en la madrugada del lunes, luego de más de 10 horas de espera. El retraso se debió a negociaciones de último momento sobre los asuntos más espinosos de la cumbre, como el financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo para implementar los trabajos de conservación.

El nuevo documento plantea una hoja de ruta mundial durante la década actual, que termina en 2030, con el fin de enfrentar el colapso de la biodiversidad. Esta crisis ha puesto bajo amenaza a un 25% de las plantas y los animales conocidos por la ciencia, con casi un millón de especies en peligro de extinción,  según la evaluación de la biodiversidad global publicada en 2019 por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).   

“Por fin empezamos a forjar un pacto de paz con la naturaleza”, escribió en Twitter el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, tras la adopción del acuerdo.

La noticia fue recibida con más o menos reservas por un amplio espectro de organizaciones ambientalistas, incluyendo internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), the Nature Conservancy o Avaaz, o nacionales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

“El nuevo marco mundial de la biodiversidad nos trae un cambio de paradigma en términos de acciones de conversación de la biodiversidad con pleno respeto por los derechos humanos”, indicó la FARN en un comunicado, destacando la atención de los derechos de pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y niñas.

En tanto, Oscar Soria, director de Campañas de Avaaz, apuntó: “La extinción no se negocia. La ciencia es clara: necesitamos proteger al menos la mitad de la Tierra para 2030. Este texto es un paso adelante desde donde estamos, pero la naturaleza necesita un salto de gigante. Los gobiernos deben aumentar las protecciones y presentar un plan claro para el billón de dólares al año que se necesita para hacer realidad este acuerdo”.

América Latina y el Caribe es, al mismo tiempo, una de las regiones más biodiversas del planeta y una de las que enfrenta mayores retos para detener la devastación de la biodiversidad.

La región concentra más del 50% de la biodiversidad global, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y seis de los 17 países megadiversos reconocidos por la organización Conservation International: México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sin embargo, esta también registra el mayor declive regional de especies animales (un 94%), según el Informe Planeta Vivo de WWF y el Instituto de Zoología de Londres.

 Foto: Juan Mayorga

Cuatro objetivos y 23 metas

Los cuatro objetivos y las 23 metas específicas adoptadas en el nuevo marco mundial para la biodiversidad sustituyen a las 20 Metas de Aichi, que representaron el horizonte del trabajo de la conservación entre 2010 y 2020.

La más visible de estas nuevas metas es la conocida como 30×30, que consiste en conservar efectivamente al menos el 30% de la superficie terrestre y acuática del planeta a más tardar en el año 2030. Sin embargo, tanto funcionarios de la CBD como analistas y académicos destacaron la necesidad de considerar el marco como un todo, ya que, por ejemplo, extender la superficie de conservación en el globo está condicionado al cumplimiento de las metas de financiamiento y de respeto a los derechos humanos.

“No es meter todo en una reglamentación de áreas protegidas duras, donde sea solamente el área sin gente, porque, entonces, estaríamos viviendo en un cuento”, explicó la diplomática colombiana Ana María Hernández, quien actualmente preside IPBES. “Tenemos que trabajar conjuntamente con los pueblos, las comunidades y sus proyectos de vida. La meta del 30% es importante siempre que se haga de manera colaborativa con la gente.”

Otros puntos importantes incluidos en el Marco Kunming-Montreal son la restauración de al menos el 30% de los ecosistemas degradados; la reducción a “casi cero” de la pérdida de áreas de alta importancia para la biodiversidad; la disminución a la mitad del desperdicio global de alimentos, así como la reducción del consumo excesivo y la generación de desechos; la caída a la mitad del riesgo que implican los pesticidas y químicos altamente peligrosos; la movilización, hacia 2030, de al menos 200.000 millones de dólares anuales para la biodiversidad de fuentes tanto públicas como privadas; evitar la introducción de especies invasoras prioritarias; y requerir a las grandes empresas transnacionales e instituciones financieras monitorear, evaluar y transparentar los riesgos e impactos que sus operaciones tienen en la biodiversidad.

Foto:  Juan Mayorga

Dos limitantes

A pesar de su carácter “histórico”, definido así por actores destacados de la comunidad ambientalista internacional, desde el secretario General de Naciones Unidas hasta líderes de organizaciones sociales, el nuevo marco mundial para la biodiversidad nace con dos limitantes principales: una sobre legalidad y otra sobre legitimidad.

La primera se refiere a que este —ni siquiera es un “acuerdo”, porque según el derecho internacional eso tendría otras implicaciones— no es legalmente vinculante. Es decir, “no tiene dientes” para obligar a su implementación, lo que abre la puerta a la posibilidad de que los países puedan saltarse su cumplimiento sin consecuencias, como lo han advertido voces críticas en las últimas horas.

La limitante de legitimidad, en tanto, se deriva de un incidente ocurrido durante la adopción del marco. La presidencia de China en la COP15, liderada por el ministro de Ambiente Huang Runqiu, se escondió en un tecnicismo procedimental para evadir una observación de último momento sobre financiamiento planteada por el representante de la República Democrática del Congo.

Aunque la delegación de México respaldó ampliamente a la presidencia y llamó al resto de los países al “sentido común y la flexibilidad” para poder salir de Montreal con un acuerdo, la maniobra de China desató una serie de condenas por parte de Camerún, Uganda y otras naciones africanas que condicionaban su participación a la creación de un nuevo fondo internacional para financiar los trabajos de conservación en el Sur Global.

Algunas asperezas se alcanzaron a limar en las últimas dos sesiones de la COP15, que oficialmente terminó este martes, pero los representantes de la República Democrática del Congo y otros africanos señalaron el “mal precedente” que sienta el haberle dado la vuelta a un país en una convención que tiene como principio adoptar sus decisiones por consenso.

 Foto: Juan Mayorga

Financiamiento, el tema más disputado

A diferencia de lo que se vio, en noviembre pasado, durante la COP27 de cambio climático realizada en Egipto, donde una amplia coalición de países en desarrollo obligó a los desarrollados a acceder a la creación de un nuevo arreglo financiero para pagar Pérdidas y Daños, en Montreal prevalecieron las divisiones dentro del Sur Global y América Latina.

Como lo dejó ver el incidente amargo en la adopción del marco, el principal motivo de estas divisiones no fue ni siquiera tanto el principio general de que los países desarrollados debían aportar más dinero a esta causa por su protagonismo en el deterioro ambiental histórico, sino las maneras en que se canalizaría y haría efectivo este financiamiento, referido en la jerga de las negociaciones como “movilización de recursos”.

Brasil se unió a un bloque de países africanos que presionaron por la creación de un fondo completamente nuevo para financiar los trabajos de conservación de la biodiversidad. El legado y deuda colonial fue uno de sus principales argumentos, así como el antecedente del arreglo para Pérdidas y Daños recién adoptado en la arena del cambio climático, y el hecho de que la CBD es la única de “las tres cumbres de Río” de Naciones Unidas que no cuenta con un fondo exclusivo.

Actualmente, el financiamiento de biodiversidad se canaliza principalmente a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, en inglés), que preside el exministro de Ambiente de Costa Rica, Carlos Manuel Rodríguez, y que tiene a casi 40 países latinoamericanos y caribeños entre sus beneficiarios.

Motivados por el largo tiempo que implicaría desarrollar la arquitectura administrativa y operativa de un nuevo fondo, otro bloque de países en desarrollo —liderado por una coalición formada por Colombia, Chile, Costa Rica, México y Perú— propuso crear un fideicomiso dentro del GEF, lo cual podría movilizar financiamiento más rápidamente.

Esta fue la propuesta que finalmente quedó plasmada en el paquete de acuerdos que salió de Montreal, aunque la posibilidad de crear un nuevo fondo queda abierta a la discusión en la próxima COP, que se realizará en el balneario de Antalia, Turquía, a fines de 2024.

“El GEF permite un mecanismo que es un fideicomiso. No es una bolsa general de recursos, sino que se etiqueta para la implementación del marco mundial para la biodiversidad post-2020”, explicó Camila Zepeda, jefa de la delegación mexicana, cuya intervención para respaldar a la presidencia china tras la reserva de la República Democrática del Congo fue aplaudida de pie por los asistentes en el plenario.

“Al ser un fideicomiso, permite recibir aportaciones voluntarias de la filantropía o el sector privado, pero lo maneja la arquitectura existente del GEF. Entonces, no hay que crear una nueva estructura ni siquiera física, porque, si se crea un nuevo fondo, tendría que definir un nuevo edificio, una mesa directiva y reglas de juego”, añadió.

 Foto: Juan Mayorga

Derechos indígenas, clave para la región

El nuevo marco incluye más de una decena de menciones a los pueblos indígenas, enfocadas en garantizar sus derechos en aspectos como el reconocimiento de sus territorios, la protección de sus sistemas de conservación tradicionales, el fomento de su uso tradicional sustentable de la vida silvestre y el reparto equitativo de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos.

La participación de distintas comunidades indígenas se refleja en el lenguaje poco convencional del acuerdo, que incluye términos como el “consentimiento libre, previo e informado” para el acceso de sus conocimientos, prácticas y tecnologías, y el fomento de acciones colectivas “basadas en la Madre Tierra”.

“Estamos agradecidos con los pueblos indígenas, que han cambiado el lenguaje de estas negociaciones”, indicó Brian O’Donnell, director de la organización Campaign for Nature.

Ramiro Batzín, maya kaqchikel, quien funge como co-presidente del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), estuvo entre los representantes indígenas de América Latina y el Caribe que acompañaron las negociaciones no solo en Montreal, sino en los cuatro años de trabajos previos.

“Planteamos estos puntos clave en este proceso para que estos sistemas y modelos realmente sigan dando el fruto de la conservación”, señaló. “Como pueblos indígenas, tenemos que seguir desarrollando nuestras prácticas tradicionales y sostenibles de conservación de la biodiversidad.”

Por su parte, el FIIB —una organización formada en 1996 para asesorar a la CBD en temas indígenas— celebró “el fuerte lenguaje respecto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, y anunció: “Hemos hablado, y ustedes nos han escuchado, ahora convirtamos esas palabras en acción”.

La materialización de estas provisiones legales tiene potencial en buena parte de los 500 pueblos indígenas de América Latina y sus casi 50 millones de personas, equivalentes a un 8% de la población total, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las comunidades más grandes —en términos tanto relativos como absolutos— se encuentran en México, Guatemala, Perú y Bolivia.

“Históricamente, los pueblos indígenas no hemos participado en las decisiones. No consideran que nosotros estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad mundial”, aseguró Joao Gomes de Oliveira, representante de la nación Pankararu de Brasil, en una marcha realizada a mediados de la COP15 en defensa de los derechos indígenas.

Y completó: “Hay que pensar que no existe biodiversidad sin los pueblos indígenas. Nuestra lucha es una sola, por la soberanía de nuestros pueblos, conocimientos tradicionales y por la Madre Tierra”.

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