Todo ciudadano debería, al menos una vez en la vida, hacer una solicitud de información pública. Es decir, de aquella generada por los poderes de la República, instituciones autónomas, partidos políticos y cualquier otra entidad u organización que ejerza gasto público.En un Estado de Derecho, ese derecho permite a los ciudadanos ser sujetos activos en la toma de decisiones políticas y en la fiscalización de estas.
