Sobre los autores: Mijail Santos Luján es líder de equipo y David Imbago Jácome es miembro de la junta directiva de PMNCH, la alianza más grande del mundo enfocados en la salud y el bienestar de mujeres, niños y adolescentes, alojado por la Organización Mundial de la Salud
Las políticas de salud están lejos de satisfacer las necesidades de las personas LGBTQ+. Es difícil cuidar nuestra salud y bienestar cuando los medios, las políticas públicas y la sociedad en general estigmatizan nuestras necesidades y nos invisibilizan en los ya descompuestos sistemas de salud.
Esto fue evidente con la reciente respuesta al brote de Mpox (anteriormente conocido como viruela del mono), que provocó discriminación selectiva contra los hombres que tienen sexo con hombres, así como con la falta de una respuesta específica a la pandemia de COVID-19 a pesar de que los datos disponibles sugieren que afectó desproporcionadamente a las comunidades LGBTQ+.
Ambos brotes reprodujeron y exacerbaron los patrones existentes de exclusión social y violencia, generando un efecto negativo en la salud y el bienestar psicológico de las personas LGBTQ+.
Aún cuando hay una intención genuina de comprender y abordar los problemas que afectan a las personas LGBTQ+, hace falta una pieza clave: los datos. En muchos contextos, las personas LGBTQ+ prefieren ocultar su información relacionada con salud sexual y reproductiva, para evitar riesgos de discriminación, violencia o represalias legales.
Según un informe de ILGA World de 2020, 43 países no tienen protección para las comunidades LGBTQ+ y 70 países criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo, algunos incluso con la pena de muerte.
Además, los sistemas de salud castigan constantemente a las personas LGBTQ+ simplemente por su identidad: prohibiéndoles donar sangre, no reconociendo a sus parejas para beneficios de seguridad social, entre otros. Los miembros de la comunidad LGBTQ+ también se enfrentan a muchas otras formas de discriminación, incluyendo la falta de reconocimiento de su género y negándoles acceso a los servicios de salud esenciales.
Cuando se castiga a las personas por ser quienes son, comienza un ciclo: no quieren compartir sus datos por temor a represalias y, sin estos datos, es imposible que gobiernos y tomadores de decisiones comprendan sus necesidades y aborden problemas específicos con políticas y procedimientos adecuados. En consecuencia, la falta de políticas públicas adecuadas crea un entorno en el que los datos no se comparten, lo que impide que las políticas de salud se basen en datos y usuarios y, por lo tanto, que sean equitativas.
Esto no es una novedad: datos de salud enfocados en las personas LGBTQ+ han sido históricamente ignorados, haciendo que esta población sea en gran parte invisible dentro de los sistemas de salud.
Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, los datos sobre el reciente brote de Mpox identificaron una prevalencia de casos entre «hombres que tienen sexo con hombres». Si bien esta información podría haber sido crucial para comprender la causa del problema y diseñar políticas adecuadas, incluido el suministro suficiente de vacunas, su uso por parte de algunos medios de comunicación y políticos para demonizar a los hombres homosexuales y bisexuales demostró que el estigma y la discriminación surgen más rápido que las soluciones.
Si bien la recopilación de datos ha tenido avances en algunos países y las nuevas generaciones se están volviendo más abiertas sobre la diversidad de género, sexual y romántica, hay mucho que hacer, particularmente en los países de ingresos bajos y medios, en donde se necesitan más urgentemente estas leyes para proteger los derechos LGTBQ+.
Sin datos disponibles, no lograremos la cobertura sanitaria universal y las personas LGBTQ+ seguirán siendo ignorados. Debemos abogar por la inversión en sistemas robustos y resilientes que recopilen información de salud, manteniendo a las personas seguras y protegidas, y a los tomadores de decisiones responsables.
Los formuladores de políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas de tecnología y la industria de las comunicaciones deben coordinar acciones para frenar la propagación de información errónea y desinformación. Los datos de salud deben usarse como evidencia para mejorar las políticas y, en última instancia, la salud y el bienestar de las poblaciones vulnerables.
Históricamente, se ha excluido a las personas LGBTQ+ demasiadas veces. Nadie debería tener que probar que su propia salud es valiosa. Necesitamos hacer un llamado a todos los sectores, incluidos los jóvenes, la sociedad civil y los medios de comunicación para que aboguen por los derechos de las personas LGBTQ+.
Los formuladores de políticas deben comprender, a través de datos, que las necesidades únicas de esta población requieren atención, inversión y acciones equitativas. Es esencial que todos hablemos: alto, claro y juntos.
Este artículo se publicó originalmente en Openly. Openly es una iniciativa de la Fundación Thomson Reuters dedicada a la cobertura imparcial de temas LGBT+ de todo el mundo.