Por años, el debate sobre migración ha estado marcado por el miedo. En el discurso político y de no pocos medios de comunicación, se presenta como un problema de seguridad, una crisis humanitaria o, en el peor de los casos, una amenaza. Pero detrás de esta narrativa hay un hecho innegable: migrar no es un delito. Lo que sí debería considerarse criminal es que millones de personas no tengan más opción que huir de sus países debido a la pobreza, la violencia y la corrupción.
Para miles de personas migrantes, la travesía es una sentencia de muerte: Desaparecen en el camino, son víctimas de violencia, condiciones extremas o la falta de rutas seguras.
La evidencia es clara y parte de ella la ha documentado La Data Cuenta en esta visualización de datos:
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Los números son contundentes. Cada punto en el mapa representa una o cientos de vidas perdidas, una historia truncada por políticas migratorias que hacen más peligrosa a la migración.
Migrar es un derecho
El derecho internacional es claro. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13) establece que cualquier persona tiene derecho a salir de su país y regresar cuando lo desee. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) protege a quienes huyen de la persecución y prohíbe devolverlos a territorios donde su vida corra peligro.
Sin embargo, en la práctica, los Estados han convertido las fronteras en barreras infranqueables. Se endurecen leyes, se criminaliza la migración y se invierten enormes recursos en detener a personas cuyo único «delito» es buscar una vida mejor.
Las consecuencias están a la vista: mientras más difícil es cruzar legalmente, más peligrosa se vuelve la ruta. Los datos analizados para este artículo lo confirman:
- En los últimos 10 años, más de 72 mil personas han muerto o desaparecido en su intento por migrar. Debe advertirse que la cifra estaría muy por debajo de la real.
- Las rutas más letales están en el Mediterráneo, los cruces fronterizos entre México y EE. UU. y el del desierto del Sahara, donde la falta de asistencia, la violencia y el riesgo de ahogamiento se han convertido en una trampa mortal.
- El aumento en las restricciones migratorias no ha reducido el número de migrantes, solo ha elevado el número de muertes y desapariciones.
El mito del migrante criminal
El discurso antiinmigrante insiste en vincular migración con criminalidad. Se usa como argumento para justificar políticas de mano dura, pero los datos dicen otra cosa.
Un estudio del Cato Institute (2018) muestra que los inmigrantes indocumentados en EE. UU. tienen tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos estadounidenses.Investigaciones similares en Estados Unidos y en Europa han encontrado conclusiones similares: Los migrantes no cometen más delitos que la población local.
Si los hechos desmienten el mito, ¿por qué sigue vigente? Porque conviene a quienes lucran con el miedo y a gobiernos que buscan desviar la atención de sus propios fracasos.
Ninguna persona es ilegal
Junto con la criminalización de la migración, persiste otro error grave en la narrativa pública: llamar «ilegales» a las personas migrantes. Más que un problema lingüístico, esta etiqueta tiene consecuencias jurídicas y sociales.
El estatus migratorio irregular no es un delito en la mayoría de los países
- Ingresar o permanecer sin autorización en un país no es un delito penal, sino una falta administrativa en la mayoría de los sistemas legales.
- Organismos internacionales como la ONU y la OIM han recomendado tratar la migración irregular como un tema administrativo, no penal.
El término «ilegal» es inexacto y estigmatizante
- Decir «inmigrante ilegal» sugiere que la persona en sí misma es ilegal, lo cual es incorrecto.
- Ningún ser humano es ilegal. Una persona puede estar en situación migratoria irregular, pero su existencia y derechos siguen siendo legítimos.
- Organizaciones como la ONU, ACNUR y Amnistía Internacional han pedido reemplazar este término por «migrante en situación irregular» o «persona sin estatus migratorio regular».
El lenguaje importa. Cuando se usa «ilegal» para referirse a un ser humano, se refuerzan estereotipos y se normaliza la discriminación. Cambiar la forma en que hablamos de la migración es el primer paso para cambiar la forma en que la entendemos y la abordamos.
El problema no es la migración
Si hay una crisis migratoria, no es por el número de personas que migran, sino por las razones que las obligan a hacerlo. Millones no se van porque quieren, sino porque no tienen alternativa.
Según el Banco Mundial (2023), las principales razones de la migración en América Latina son la pobreza extrema, la falta de empleo y la violencia. Gobiernos corruptos que desvían fondos públicos, criminalizan la protesta y perpetúan desigualdades que dejan a miles sin opciones.
Mientras tanto, los países que reciben migrantes gastan miles de millones en militarizar sus fronteras. En 2023, EE. UU. destinó más de 25.000 millones de dólares a seguridad fronteriza y detención de migrantes (Department of Homeland Security, 2023 y Congreso, 2022).
Aportes a la economía
Lejos de ser una carga, los migrantes son esenciales para las economías de los países que los reciben. En EE. UU., los trabajadores indocumentados pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos en 2022 (Instituto de Política Fiscal y Económica ). En España, la llegada de inmigrantes ayudó a sostener sectores clave como el turismo y la hostelería (El País, 2024). En Costa Rica, los inmigrantes nicaragüenses aportan al menos el 6,5% del PIB (Banco Mundial, 2024). Pero en lugar de reconocer su aporte, los migrantes siguen siendo perseguidos y discriminados.
Menos muros
La migración no es el fracaso de quienes se van, sino de los países que los expulsan. La solución no está en levantar más muros ni en endurecer leyes, sino en transformar las condiciones que obligan a las personas a marcharse.
Como señala el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi: «Las narrativas que han surgido en torno a los migrantes en situación irregular y los solicitantes de asilo se han vuelto hostiles, deshumanizantes y criminalizadoras. Figuras políticas e influencers explotan las preocupaciones económicas, atribuyendo erróneamente la pérdida de empleos o la reducción de salarios a la migración, a pesar de la evidencia que sugiere lo contrario. Durante las crisis económicas, es fácil, aunque erróneo y destructivo, convertir a los migrantes en chivos expiatorios. Hacerlo desvía la atención de los problemas reales de la sociedad, que requieren respuestas políticas fundamentadas» (UNHCR, 2024).
En lugar de criminalizar a quienes buscan una vida digna, es hora de cuestionar a los gobiernos y sistemas económicos que les niegan ese derecho en sus propios países. Porque el verdadero crimen no es migrar. El crimen es que tu propio país no te deje otra salida.
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