Las y los comuneros de San Matías Chilazoa – y otras diez localidades aledañas a la minera- rechazan vehementemente a la empresa y la responsabilizan, en amplia medida, de la sequía que viven: “Al parecer, la empresa tiene acaparado al río Coyote (para sus operaciones)”, añade Gómez. El afluente es vital para las comunidades, porque de ahí podrían obtener agua para mitigar los efectos de la sequía.

Esta batalla del “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” tiene más de una década y además de pugnar por el agua, las comunidades en los Valles Centrales de Oaxaca también han exigido que la empresa no ingrese sin permiso a sus territorios para expandir sus proyectos mineros.

Recientemente, las exigencias de los y las campesinas tuvieron reivindicación legal. El juez primero de Distrito en el estado de Oaxaca, Emmanuel Hernández Alva, determinó la suspensión de plano de concesiones mineras en sus territorios. Esto significa que la Compañía Minera Cuzcatlán, así como las autoridades federales y del estado de Oaxaca, no pueden promover ningún proyecto minero en estos territorios, ya que las concesiones están en revisión por el sistema de justicia mexicano.

El juez ordenó que: «Las autoridades responsables se abstengan de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad y posesión de los terrenos de régimen agrario a las comunidades afectadas, manteniendo las cosas en el estado actual y evitando cualquier despojo».

Con esta victoria, todo el pueblo revivió su esperanza. La lucha por la justicia ambiental no solo busca proteger sus territorios, sino también restaurar la vida y la vitalidad de sus recursos naturales. Que el agua vuelva a fluir en “El Mezquital”, que revitalice todos los pozos.