Un problema que persiste

Según registros oficiales, en los últimos 25 años, más de 128.000 niñas entre 10 y 17 años han pasado por un embarazo. En muchos casos, estos embarazos son el resultado de relaciones marcadas por abuso, desigualdad de poder y coerción.

Según el informe “Desiguales, con exceso de poder y abusivas”, del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, “cualquier persona menor de edad puede ser víctima de un delito de relaciones impropias, por cuanto se trata de una relación asimétrica de poder, en la cual la persona adulta toma ventaja de la posición vulnerable de la víctima”.

La justicia y sus vacíos

A pesar de que el Código Penal costarricense establece sanciones para quienes mantienen relaciones sexuales con menores de edad, la aplicación de la ley sigue presentando debilidades. En muchos casos, los responsables no son identificados/ denunciados y no enfrentan consecuencias judiciales.

El mismo informe del Observatorio señala que “estas conductas se agravan cuando la persona adulta es tío, hermano, primo, tutor o responsable de la persona menor de edad. También cuando la persona victimaria se encuentra en una posición de confianza o de autoridad, respecto a la persona menor de edad”.

Cómo denunciar

Denunciar estos casos es fundamental para garantizar justicia y prevenir nuevos abusos. Si se sospecha de un embarazo infantil producto de violencia sexual o abuso, se puede recurrir a:

📌 Línea 9-1-1: Para emergencias y orientación inmediata. 

📌 Fiscalía más cercana: Para interponer denuncias formales.

 📌 Organismo de Investigación Judicial (OIJ): Disponible en el teléfono 800-8000-645. 

📌 Patronato Nacional de la Infancia (PANI): Para casos que involucren menores en situación de riesgo, al 1147.

Si la persona menor de edad sufre violencia psicológica, física o sexual, puede solicitar medidas de protección en el Juzgado de Violencia Doméstica más cercano.